A pesar de las infinitas llamadas a la prevención, el año 2004 no ha empezado con buen pie. Sólo en el primer trimestre, un total de 46 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cultura de la prevención, por Jesús Caldera

Es bueno que hayamos celebrado en España el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo en un momento en el que podemos señalar que la siniestralidad laboral es una de las principales anomalías de nuestro mercado de trabajo.

La lucha contra la siniestralidad laboral se enmarca en el objetivo de este Gobierno para los próximos años de avanzar en la búsqueda de un empleo de más calidad y todas las informaciones disponibles demuestran la estrecha conexión entre los insoportables niveles de siniestralidad laboral y la precariedad en el empleo. No hay que olvidar que en la actualidad se producen tres fallecimientos diarios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 30 trabajadores sufren, también con carácter diario, un accidente con secuelas graves. Los escalofriantes datos de accidentes laborales no se explican o no sólo se explican como una consecuencia mecánica y fatal de la conjunción de factores adversos: desidia de trabajadores y empresarios, déficit de inversión en formación preventiva, obsolescencia de los equipamientos preventivos o ausencia de programas continuos de control en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

En los últimos años se ha avanzado mucho en la lucha contra la siniestralidad laboral, tanto desde el punto de vista normativo, formativo e informativo como desde el punto de vista de la inspección y el control del cumplimiento de la legalidad. Este avance se hizo especialmente significativo a partir de la firma del Acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales entre el Gobierno y los agentes sociales en 2002, que concretó un conjunto de medidas dirigidas a reformar el marco normativo de la prevención de riesgos laborales y a fomentar una verdadera cultura de la prevención entre los trabajadores y los empresarios.

Estamos empeñados de manera decidida en acabar con la siniestralidad laboral, y aunque nos queda mucho por hacer para garantizar a los trabajadores españoles un derecho fundamental como la integridad física en el puesto de trabajo, seguiremos avanzando hasta lograr que el volumen de accidentes de trabajo se acerque a la media europea y no lo duplique como ocurre en la actualidad. Debemos seguir avanzando y afrontar esta lucha poniendo en marcha potentes políticas activas que irán dirigidas tanto a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente como, sobre todo, a acabar con las causas que originan la siniestralidad y que están íntimamente ligadas con el deterioro de la calidad en el empleo.

Desde el Ministerio de Trabajo vamos a afrontar el problema de los accidentes laborales promocionando una verdadera cultura de la prevención, revalorizando los instrumentos técnicos disponibles y poniendo en marcha una serie de medidas en los ámbitos de la investigación, de la coordinación entre administraciones, de la participación de los trabajadores y del establecimiento de garantías en relación con el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Factor de competitividad, por José María Cuevas

CEOE, en su informe sobre La situación de la Economía Española. Retos y Competitividad, dedica un apartado a la prevención de riesgos laborales en el que señala la necesidad de impulsar en el ámbito empresarial una cultura de la prevención en la que ésta se considere un factor de competitividad y de inversión productiva. Hay que recordar que, desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), las empresas, las administraciones competentes y los interlocutores sociales han desarrollado diversas iniciativas que, de forma paulatina, han contribuido a la mejora de la siniestralidad laboral.

Tras ocho años de experiencia en la aplicación de dicha Ley, pueden extraerse conclusiones. Este marco normativo, que no se modula ni diferencia en función del tamaño, sector de actividad, etcétera de las empresas, ha comportado dificultades de aplicación práctica, creando para las PYME obligaciones de difícil cumplimiento y generando la necesidad de contratar servicios preventivos externos.
Recordemos, asimismo, la complejidad del marco normativo, que reclama un ejercicio de simplificación, restringiendo, además, al máximo posible, múltiples conceptos jurídicos indeterminados, susceptibles de diferentes criterios interpretativos, tanto administrativos como judiciales que crean una notoria inseguridad jurídica para las empresas obligadas.

Aunque aún es pronto para evaluar los efectos de la reciente reforma normativa (Ley 54/2003), inicialmente se deriva de la misma un incremento de las obligaciones documentales de las empresas, con la introducción de conceptos indeterminados y vacíos de contenido sustantivo, susceptibles de diversas interpretaciones, así como un reforzamiento de los mecanismos de inspección, control y sanción, en detrimento de la potenciación del papel de planificación, asesoramiento y promoción de la acción preventiva que la legislación preconiza de la Inspección de Trabajo, con independencia de su misión de vigilancia y control.

Se mantiene, por tanto, la necesidad de abordar actuaciones en diferentes ámbitos, entre los que cabe citar: políticas específicas de formación de empresarios y trabajadores y el establecimiento de medidas económicas que incentiven la inversión en prevención. Igualmente, es necesario avanzar en la delimitación o distribución de las responsabilidades por los incumplimientos de la normativa, para identificar, e incluir, en el ámbito de la responsabilidad, a la totalidad de protagonistas de la prevención, es decir, también a los trabajadores favoreciendo su implicación en la gestión preventiva.

Por su parte, las Organizaciones Empresariales y Sindicales, en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003, han incluido un apartado sobre criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo para fomentar la cultura preventiva y el cumplimiento de las normas como elementos centrales de una estrategia a corto, medio y largo plazo para mejorar la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es el de facilitar la aplicación concreta de las normas especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

José María Cuevas, presidente de la CEOE.

Completar las reformas pendientes, por José María Fidalgo

Los accidentes y enfermedades derivados del trabajo están causando una catástrofe humana de enormes proporciones, aunque demasiado desconocida: cada día en el mundo mueren más de tres mil trabajadores, 1,2 millones al cabo del año perecen por efecto de unas condiciones de trabajo tan inaceptables como insostenibles. El 28 de abril, en 80 países se conmemoró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en recuerdo de las víctimas y en demanda de soluciones.

En España se desarrollaron más de 50 actos sindicales unitarios en todas las capitales. No faltan razones. Aquí también los accidentes constituyen un problema muy grave: 896.386 accidentes con baja y 1.019 muertes el último año son un precio muy alto e injustificado.

La inaplicación de las normas por parte de los empresarios, el débil compromiso político de los gobernantes, la subcontratación abusiva y las altas tasas de temporalidad son las causas de que en España tengamos las peores tasas de siniestralidad de la Unión Europea. Pero tales cifras de accidentes pueden bajar de forma drástica. Ya el año pasado apreciamos una ligera disminución respecto de los últimos años, gracias en gran parte a la presión sindical, y también al mayor esfuerzo de algunos gobiernos y empresas. Pero tal disminución es claramente insuficiente.

El nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha expresado sensibilidad y deseo de implicación para solucionar este problema. Es una buena disposición que considero sincera. No vamos a demandarle más de lo que demandábamos al pasado Gobierno. Al fin y al cabo los problemas y sus soluciones no han cambiado. Pero sí que complete las reformas y medidas acordadas en la Mesa de Diálogo Social, en particular la continuidad de los planes de choque sobre las empresas con mayor siniestralidad, el reconocimiento de todas las enfermedades profesionales, la reforma y modernización de las Mutuas, el reforzamiento de la Inspección de Trabajo, la ampliación de la representación de los trabajadores en las PYME y el establecimiento de derechos laborales en materia medioambiental.

Si continuamos con la presión y ponemos en marcha tales reformas y medidas conseguiremos por fin ver una reducción sostenida de los accidentes y enfermedades derivados del trabajo.

José María Fidalgo, secretario general de CCOO.

Empleos estables y seguros, por Cándido Méndez

El escenario del pasado 28 de abril, –fecha en la que recordamos también a las víctimas del 11-M, trabajadores y trabajadoras que en su mayoría acudían a sus centros de trabajo– vino definido por los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo. En 2003 se produjeron 899.758 accidentes con baja, en los que perdieron la vida 1.034 personas durante la jornada laboral y 453 in itinere. Además han aumentado las enfermedades profesionales y persiste su falta de reconocimiento.

Cuando hablamos de siniestralidad, hablamos de vidas humanas y de situaciones dramáticas en el entorno familiar. Pues, no sólo se trata de los accidentes mortales, que constituyen la peor de las situaciones, sino también de los accidentes graves y sus consecuencias. Porque los trabajadores afectados y sus familias quedan, la mayoría de las veces, en situaciones muy difíciles y precarias. Por ello, los sindicatos tenemos que mantener una actitud muy beligerante, exigiendo a los gobiernos y a las empresas las medidas necesarias para impedir que se produzcan estas situaciones.

Tenemos una buena oportunidad para cambiar la situación actual. Desde UGT, estamos convencidos de que el desarrollo y cumplimiento de los Acuerdos en materia de Prevención de Riesgos Laborales logrados en la Mesa de Diálogo Social, pueden suponer un antes y un después en la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores. Pero no es suficiente. Está bien demostrada la relación temporalidad-siniestralidad y este hecho contrastado exige medidas parlamentarias correctoras. En este sentido, me remito a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT, donde el objetivo central es la recuperación de un empleo estable y seguro.

Lograr dicho objetivo, pasa por reforzar un mercado laboral donde se fomente la estabilidad de los trabajadores, incentivando la contratación indefinida frente a la temporal y reforzando los mecanismos que permitan un eficaz y eficiente cumplimiento de la legislación. Es asimismo necesario un cambio normativo respecto a la subcontratación, que se amplíe la responsabilidad de las empresas que contraten y subcontraten, definiendo el concepto de propia actividad, y se extienda la responsabilidad solidaria de la empresa principal a las obligaciones extrasalariales y de naturaleza no económica contraídas por los contratistas o subcontratistas con sus trabajadores.

Cándido Méndez, secretario general de UGT.
J. Caldera, J.M. Cuevas, J.M. Fidalgo y C. Méndez
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