Durante este verano, las noticias sobre accidentes laborales han ocupado una gran parte de la actualidad veraniega. Titulares como “Un total de 96 personas murieron en Cataluña entre los meses de enero y junio”, “Las muertes por accidentes de trabajo han crecido un 17,8% en el primer cuatrimestre del año”, “Los fallecimientos ascendieron a 397, lo que supone 60 más que en el año anterior”, son algunos de los que hemos podido leer. Los sectores de los servicios, construcción e industria son los que más accidentalidad laboral registran.

Los sindicatos han puesto el grito en el cielo y han criticado la falta de “atención” del Gobierno en el asunto. El ministro de Trabajo y el ‘conseller’ del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya han anunciado esta la puesta en marcha de un paquete de medidas para reducir la siniestralidad laboral.

Los últimos accidentes delatan una situación que viene de más atrás. El ex presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán, autor de un informe sobre seguridad laboral encargado por el Gobierno hace dos años, lamentó recientemente que las administraciones públicas no hayan aplicado las propuestas contenidas en el informe elaborado por el organismo y entregado en marzo de 2001.

No obstante, por muchas medidas que se propongan, se incorporen más inspectores de trabajo, y se aumenten las sanciones, nada será efectivo si empresarios y trabajadores no se conciencian del tema y realizan las medidas de prevención necesarias. La prevención, se inicia desde la concienciación de empresarios y trabajadores a adaptar las medidas.

Durante los últimos años hemos asistido en nuestro país a un notable cambio en el marco legislativo en lo referente a la Prevención de Riesgos Laborales; con este conjunto legislativo no tan sólo se pretende transponer al Derecho Español las Directivas de la Unión Europea en esta materia sino que fundamentalmente el objetivo es establecer las bases para la reducción sostenida de la siniestralidad laboral que en España alcanza unos niveles inaceptables.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se promulgó en 1995 y se reglamentó en el 97, y los diversos Reglamentos y demás normas que la desarrollan inciden esencialmente en la actuación preventiva frente al riesgo de padecer algún daño para la salud con motivo del desempeño de un determinado trabajo de forma que, proactivamente, seamos capaces de identificar los riesgos que éste comporta a corto, medio o largo plazo y podamos adoptar las medidas técnicas, organizativas y de control que nos permitan garantizar que nadie va a perder la salud por causa de su trabajo.

España es uno de los países europeos con mayor siniestralidad laboral, no obstante numerosas empresas siguen sin invertir en la seguridad laboral de sus trabajadores. Trabajar de una forma segura, saludable e incluso confortable no debería ser un lujo al alcance de unos pocos ni tampoco debe representar -como algunos creen- una disminución de la productividad o de la calidad de lo producido; por el contrario, está fehacientemente demostrado que cuanto mejores son las condiciones en las que se desarrolla cualquier tipo de trabajo, menor es la siniestralidad y mayores son los índices de productividad y calidad.

En este nuevo escenario, por un lado legislativo y por otro de valores emergentes en lo referente al binomio salud-trabajo nuestra propuesta no sólo contempla el adecuado cumplimiento de la normativa vigente si no que además pretende impulsar actividades y acciones que impliquen a las personas con su salud, con la promoción de actitudes vitales saludables, con la prevención de riesgos para la salud (no sólo riesgos laborales) y finalmente implantar un adecuado programa de prevención médica basado en criterios médico-preventivos sólidos que permita hacer de las Empresas clientes de PREVILABOR,S.A. unos lugares de trabajo seguros y saludables.

En PREVILABOR, S.A. estamos plenamente convencidos y podemos demostrar que los entornos empresariales que invierten en políticas destinadas a promover actitudes saludables y seguras entre sus empleados y que creen que estas actividades son un beneficio percibido y altamente valorado por quienes trabajan en la Empresa, logran disminuciones sustanciales de sus niveles de siniestralidad laboral y absentismo por enfermedad común con el consiguiente retorno, “plusvalorado” (fuentes del sector de la automoción de EE.UU han establecido que por cada dólar invertido en este tipo de políticas y actividades se obtiene un retorno cercano a los 8 dólares) de la inversión inicial.

La Seguridad y Salud en el trabajo por tanto no debe contemplarse tan sólo como un requisito legal o un compromiso ético de nuestra sociedad. Invertir en seguridad es una inversión que aporta muchos beneficios al empresario: aumento de productividad, disminución de sustituciones, ahorro en formación de nuevos trabajadores que suplen a los accidentados... Asimismo, reduce las bajas por accidente y enfermedad, busca el bienestar del trabajador en su puesto de trabajo que al final se traduce en mejor y mayor producción, además de una mayor satisfacción por parte del trabajador hacia la empresa. Es, por tanto, una inversión rentable a corto, medio y largo plazo.

Alfons Dolcet, Especialista en Medicina del Trabajo